Casos corrupción el 40% fue del PP y el 38% del PSOE-La corrupción política en España (2000-2020)
Resulta muy insultante que cada uno de los dos principales partidos políticos de España (PP y PSOE) acuse al otro de ser corrupto, cuando entre 2000 y 2020 hubo más de 3.700 casos de corrupción política investigados y, de ellos, el 40% fue del PP y el 38% del PSOE
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La corrupción política en España (2000-2020)_Capítulo 1
Por José Abreu (doctorando ULPGC) y Juan Luis Jiménez
Resulta reiterativo mencionar que la corrupción socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones (Solé-Ollé y Sorribas-Navarro, 2018), y es un factor determinante en el desarrollo económico y social de una región (Mauro, 1995; Acemoğlu y Robinson, 2012). Y en el caso de España, la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad como consecuencia de los numerosos escándalos de corrupción política revelados en los últimos años y, además, por el coste que conlleva para las arcas públicas y la economía en general (León et al., 2013; CNMC, 2015; Castañón et al., 2016; Alcalá y Jiménez, 2018).
Tal es así que España es, junto a Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Italia y Portugal, uno de los países donde se considera que la corrupción (percibida) está más extendida (Eurobarómetro, 2022). Además, el 83% los encuestados españoles opina que la corrupción es ejercida principalmente por los partidos políticos (ante una media del 58% en la Unión Europea) y el 67% por sus políticos a todos los niveles territoriales (por un 55% de media en la UE).
La corrupción política en España y sus diferentes efectos ha sido tratada en múltiples ocasiones en este blog (véase aquí, aquí, aquí, aquí o aquí). La mayoría de estos trabajos realizan estimaciones basadas en datos de elaboración propia, al no existir estadísticas oficiales sobre cuántos casos de corrupción política han existido en el país. Y sobre ello versarán las dos próximas entradas en el blog: ¿cuántos casos de corrupción ha habido realmente en las dos últimas décadas en España? ¿Quiénes los han cometido? ¿Qué tipología tienen? ¿Cómo se distribuyen geográficamente?
El principal problema: los datos
Como adelantamos, en España no existe información oficial acerca del número de casos de corrupción política que ha tenido lugar en el país. Aunque desde 2017 el Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) proporciona un repositorio de datos sobre procesados por corrupción pública, tanto administrativa como política, por territorios, órgano judicial y tipo de procedimiento, no distingue qué casos son considerados como corrupción administrativa y cuáles son de corrupción política; y, además, solo tiene en cuenta aquellas causas “con auto de apertura de juicio oral o de procesamiento, los condenados por sentencia firme y la población reclusa por este tipo de delitos”.
Por lo anterior y como parte de la tesis doctoral que está realizando José Abreu (en proceso), se ha conformado una base de datos que recoge información sobre los casos de corrupción política en España (incluyendo piezas separadas) desvelados en el período 2000-2020, empleando para ello dos hemerotecas digitales: MyNews y Factiva. La localización de cada caso de corrupción en prensa escrita y digital, a cualquier nivel territorial, se ha realizado manualmente a partir de determinados criterios de búsqueda, como por ejemplo el nombre del municipio y el cargo público implicado (alcalde, concejal, presidente, consejero, etc.), así como la utilización del lexema de palabras clave como “imputado”, “investigado”, “condenado” o “absuelto”.
Para el objetivo del trabajo se ha empleado la definición de corrupción recogida por Villoria (2014:160) a partir de la instrucción 1/96 de la Fiscalía General del Estado, según la cual, desde el derecho penal se consideran corruptas “aquellas acciones u omisiones, dolosas o culposas, que pudiendo ser constitutivas de una o varias infracciones delictivas, se realizan por autoridad o funcionario prevaliéndose de su cargo, ya sea con miras a un injusto enriquecimiento o a la obtención de cualquier otro fin, siempre que por su trascendencia, incidan directa y gravemente en el buen orden y gobierno de la colectividad, con grave desprestigio de sus instituciones”.
En cuanto a la inclusión de un caso de corrupción en la base de datos, se atiende a cuatro criterios: 1) que pueda ser considerado un caso de corrupción cuyos hechos se circunscriban al ámbito político: no se incluyen casos de corrupción funcionarial (excepto la llevada a cabo por cargos de libre designación), judicial, empresarial o privada; 2) que la cobertura mediática del caso se haya producido a partir del año 2000 y hasta 2020; 3) que al menos uno de los implicados haya sido llamado a declarar en calidad de investigado (anteriormente denominado imputado) por el órgano jurisdiccional penal competente en el período considerado; y 4) que por lo menos uno de los encausados sea un cargo público representativo, alto cargo, cargo de confianza y/o asesoramiento especial, que ocupe un puesto de libre designación, que haya sido nombrado consejero de una caja de ahorro, que sea militante de un partido político o gerente de una empresa pública (todos ellos quedan englobados con el concepto “cargo” de aquí en adelante).
¿Qué información han utilizado trabajos anteriores?
La literatura académica que utiliza casos de corrupción en España en los últimos años parte, principalmente, de información autoelaborada o de webs como casos aislados. La Tabla 1 resume el número de casos y período analizado por los principales artículos sobre corrupción en España.
Como se puede observar, el número de casos de corrupción política recogidos en estas bases alcanza los poco más de 800 casos, en la más completa de las revisiones.
Veinte años de corrupción política en España dan para mucho (más…)
Pero la corrupción política ha sido (por desgracia) mucho mayor que la encontrada hasta el momento. En las dos primeras décadas del siglo XXI hubo un total de 3.743 casos de corrupción política en España, en todos los niveles de gobierno (siguiendo nuestros criterios de búsqueda y recopilación). Esta cifra más que cuadruplica la mayor de las estimaciones disponible hasta el momento (al menos que conozcamos) y, además, debe destacarse que este número de casos es un límite inferior, dado que puede haber otros aislados en pequeños municipios que no tuvieran cobertura mediática y, por tanto, no pudiéramos localizar.
El Gráfico 1 muestra el número de casos de corrupción con cobertura mediática durante la etapa de estudio, por año de revelación del caso (prensa) e imputación (judicial).
Puede observarse que el período 2009-2015 aglutina el mayor número de casos de corrupción revelados en prensa, concretamente 1.871 causas (casi el 50% del total). Por su parte, la distribución geográfica de estas imputaciones se muestra en la Figura siguiente, donde se destaca que tres regiones acaparan casi la mitad de todos los casos de corrupción: Andalucía (27,5%), Comunidad Valenciana (12,2%) y Galicia (9%). La mayoría de las causas tienen lugar en el ámbito municipal (85,2%), con 1.498 localidades implicadas en algún procedimiento (el 18,4% del total).
No obstante, para establecer una comparativa entre las distintas regiones y no penalizar a las de mayor tamaño, se emplea la tasa de corrupción por 100.000 habitantes, con datos de población a 1 de enero de 2020. Melilla se sitúa con la mayor incidencia acumulada en todo el período, con 24 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen las Islas Baleares y Cantabria con prácticamente 18 y 14,4 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.
A nivel provincial (Figura 2), sin contar con Melilla y la uniprovincial Baleares, Ourense se sitúa con la mayor incidencia acumulada en todo el período, con 16 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen León y Málaga, cada una con 15,3 casos.
Resumen
La corrupción política revelada, con todos los efectos negativos que conlleva, ha sido en España hasta cuatro veces mayor a lo obtenido por otros trabajos. La diseminación e incluso el contagio de la corrupción ha supuesto un freno en muchos aspectos de la economía. Pero, probablemente, sus resultados han sido infravalorados.
https://nadaesgratis.es/juan-luis-jimenez/la-corrupcion-politica-en-espana-2000-2020_capitulo-1
En la entrada de ayer mostramos cuál ha sido el tamaño de la corrupción política en España en los últimos 20 años (2000-2020). Los más de 3.700 casos en los que un cargo político ha sido investigado (antes denominado como “imputado”), cuadruplica las mayores estimaciones previas y muestra un panorama más preocupante que el que ya conocíamos.
En la entrada de hoy, y basándonos igualmente en este documento de trabajo extraído de la tesis doctoral (en realización) de José Abreu, mostraremos los datos de corrupción desde varias perspectivas: en qué municipios ha habido, qué partido político la ha realizado y el estado de los casos.
La corrupción a nivel municipal
Un análisis local de la corrupción muestra que 1.498 de las 8.131 localidades de España (incluyendo Ceuta y Melilla), es decir, el 18,4% de los municipios, ha experimentado al menos un caso de corrupción política en el período de estudio. Este dato es más relevante si tenemos en cuenta que esas 1.498 localidades suponen el 73,5% de la población total de España (Figura 1).
Por tramos de población, el mayor número de casos se ubica en aquellos municipios menores a 100.000 habitantes y mayores a 2.000, que suponen el 62,7% de los 1.498 casos (Tabla 1). Pero un dato resalta: cuanto mayor sea la población del municipio, mayor es la probabilidad que este haya tenido un caso de corrupción (obsérvese el % de municipios corruptos por tramos de población sobre el total de municipios). Así, en el caso de los municipios con más de 100.000 habitantes, ha habido corrupción en el 92% de ellos.
Además, en el 42,5% de los municipios se ha dado más de un caso de corrupción, llegando incluso a ser más de 5 casos en 146 de ellos.
El estado de la corrupción
Los casos pueden seguir abiertos, decretarse el sobreseimiento libre y archivo o abrirse un juicio oral (acusación) en el que se dictará sentencia absolutoria o condenatoria de los implicados. La Tabla 3 recoge esta información por Comunidades Autónomas hasta el 31/12/2020.
En todo el territorio español, 1.129 causas (el 30,16%) permanecían abiertas hasta el 31 de diciembre de 2020 según los datos obtenidos en la base. Entre los procedimientos abiertos, pueden distinguirse aquellos en los que existe una acusación formal y están a la espera de juicio, que eran 226 casos (6,04%). Cerca de un tercio de los procedimientos por corrupción han sido archivados (1.270), mientras que un 35,9% ha llegado a juicio.
En relación con estos últimos, en el 15,7% de los procedimientos (588) se ha procedido a la absolución de los acusados, en tanto que el restante 20,2% (756) ha terminado con la condena de al menos uno de los implicados en el caso de corrupción. Por tanto, se condena un 28,6% más en comparación con las absoluciones.
Que muchas de las causas abiertas sean finalmente archivadas pueden justificarse porque, como señalan Rivero y Fernández-Vázquez (2011), la oposición tiene incentivos a denunciar actuaciones presuntamente ilegales del incumbente para obtener un rédito electoral y, además, no les acarrea ningún coste político.
De esta forma, y a pesar de la cantidad de casos abiertos (que se presume, algunos serán archivados), un indicador más robusto y realista del número de casos de corrupción política englobaría las causas con apertura de juicio oral o de procesamiento (226), como considera el CGPJ, así como aquellas con sentencia condenatoria (756) o absolutoria (588): un total de 1.570 casos de corrupción política aplicando dicho criterio más restrictivo, menos de la mitad de los inicialmente considerados.
Tipos de delitos
Según la tipología de los delitos cometidos empleamos la clasificación realizada por el CGPJ, añadiendo otros delitos cuya naturaleza se engloba en la definición de corrupción empleada en este trabajo. En 154 casos (el 4,1%) se ha tipificado más de una infracción, dada la complejidad para encuadrar la causa en un solo tipo de delito.
Así, casi un tercio (32,3%) de causas están relacionadas con la corrupción urbanística, especialmente en los gobiernos locales. España experimentó un ciclo económico expansivo apoyado en el boom inmobiliario (Jiménez, 2009; Jerez et al., 2012) desde mediados de los años 90 hasta la crisis económica de 2007, una etapa que propició la concesión irregular de licencias y operaciones de especulación urbanística.
En segundo lugar, se encuentran los delitos de malversación de caudales públicos (20,7%), que llevan aparejado un perjuicio económico para las Administraciones Públicas. La manipulación de licitaciones públicas (bid rigging), ya sea mediante el amaño directo de la subasta o el fraccionamiento de contratos, representa el 15,9% de los casos.
Por partido político
El Partido Popular (PP) es el que más causas de corrupción tuvo entre los años 2000 y 2020, participando en el 40,5% de los procedimientos recopilados. Le sigue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), implicado en el 38,3% de los casos. Teniendo en cuenta que ambos partidos intervinieron de manera conjunta en 111 casos (aproximadamente el 3% del total), PP y PSOE han tenido algún cargo implicado en el 75,8% de las causas. No es trivial recordar que ambas formaciones acaparan la mayoría de las alcaldías, diputaciones y gobiernos regionales en el período de estudio. Izquierda Unida (IU) ocupa el tercer lugar en este ranking de corrupción, con acusados en el 4,1% de los casos, seguida de la extinta Convergència i Unió (CiU), que aparece en el 3,6% de las causas (vea figura 2 y 3)
Figura 2: Casos de corrupción por partido político
Figura 3: Casos de corrupción por partido político (excluyendo PP y PSOE)
Resumen
Las dos entradas muestran un inédito análisis descriptivo de la dimensión de la corrupción política en España. Como apuntamos en la entrada anterior, los resultados no son positivos para el conjunto de la sociedad y ahora toca evaluar los efectos que esta ha tenido en diferentes ámbitos. Inicialmente pensábamos que su análisis sería suficiente para una tesis doctoral pero, por desgracia, hay margen para muchos más años de investigación. De todas formas, en nuestras manos está parte de la solución.
https://nadaesgratis.es/juan-luis-jimenez/la-corrupcion-politica-en-espana-2000-2020_capitulo-2
Dice James Madison (El Federalista, número 51) que “si los seres humanos fuésemos ángeles, no haría falta un gobierno; y si estuviésemos gobernados por ángeles, no haría falta tener controles externos o internos en el gobierno”
Pero no lo somos, y cualquier sistema político que no tenga en cuenta en su diseño y fundación la famosa frase de Lord Acton de que «el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente», es decir, que no esté basado en la desconfianza hacia la naturaleza humana, está abocado al fracaso, porque cuando se ostenta poder, las tentaciones son permanentes y considerables. De hecho, los bienintencionados que ingresan en un partido político en la partidocracia española, se corrompen o son marginados, al no existir mecanismos que lo impidan.
Igualmente decía J. Madison que “no se puede negar la naturaleza expansiva del poder, y por ello debería ser frenado para evitar que exceda los límites que se le han asignado”, y que, para preservar la libertad, es esencial que cada poder posea una voluntad propia, y eso sólo es posible si cada poder puede actuar de forma independiente y diferenciada. Es decir, “cada rama debería estar organizada de tal manera que sus miembros tengan la menor influencia posible en el proceso de nombramiento de los miembros de las otras ramas”.
Sin embargo, en España pueden observarse disputas entre los partidos políticos por hacerse con los nombramientos del órgano de gobierno de jueces y magistrados, o cómo dentro de los partidos intentan imponer a “sus candidatos” en las listas para las Cámaras Legislativas o en los nombramientos en cargos del Ejecutivo. Es decir, la permeabilidad entre los poderes del Estado es absoluta, sin límites, a través de los partidos de Estado.
La nación española no pinta nada en estos nombramientos ni en el control de los votados tras las elecciones. Por este motivo, ni el Congreso ni los Parlamentos autonómicos pueden ser denominados Cámaras de Representantes, porque en ningún caso los nombrados representan a la nación desde el momento en el que los españoles no pueden elegirlos directamente. Es tan obvio y disparatado a su vez, que resulta asombroso que sea admitido por la mayoría de la nación en su propio perjuicio, votando listas de partidos como si no les afectara, sin vislumbrar las injusticias que inevitablemente sufrirán.
Y todo esto ocurre porque principios como los mencionados anteriormente se marginaron en la elaboración de esa mal llamada Constitución del 78. Y es lógico que pasara, dado que la nación española no tuvo oportunidad alguna de participar en la elaboración de lo que debía ser su Constitución, sino que todo se dejó bien atado para que un grupo ínfimo de la nación, que se autootorgó una representación inexistente, elaborara ese texto para su beneficio particular y el de ciertos grupos simbióticos. El resultado fue la instauración de una partidocracia, es decir, la tiranía de una minoría de la nación española sobre el resto. Sin embargo, a pesar de proclamar que España se constituye en un Estado democrático (artículo 1), para que una forma de gobierno pueda ser denominada “democrática”, debe contar con los mecanismos apropiados para impedir que la tiranía de cualquier mayoría o minoría de la nación se imponga al resto, y esos mecanismos están ausentes en dicha Constitución.
Dice James Madison (El Federalista, número 51) que “si los seres humanos fuésemos ángeles, no haría falta un gobierno; y si estuviésemos gobernados por ángeles, no haría falta tener controles externos o internos en el gobierno”
Pero no lo somos, y cualquier sistema político que no tenga en cuenta en su diseño y fundación la famosa frase de Lord Acton de que «el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente», es decir, que no esté basado en la desconfianza hacia la naturaleza humana, está abocado al fracaso, porque cuando se ostenta poder, las tentaciones son permanentes y considerables. De hecho, los bienintencionados que ingresan en un partido político en la partidocracia española, se corrompen o son marginados, al no existir mecanismos que lo impidan.
Igualmente decía J. Madison que “no se puede negar la naturaleza expansiva del poder, y por ello debería ser frenado para evitar que exceda los límites que se le han asignado”, y que, para preservar la libertad, es esencial que cada poder posea una voluntad propia, y eso sólo es posible si cada poder puede actuar de forma independiente y diferenciada. Es decir, “cada rama debería estar organizada de tal manera que sus miembros tengan la menor influencia posible en el proceso de nombramiento de los miembros de las otras ramas”.
Sin embargo, en España pueden observarse disputas entre los partidos políticos por hacerse con los nombramientos del órgano de gobierno de jueces y magistrados, o cómo dentro de los partidos intentan imponer a “sus candidatos” en las listas para las Cámaras Legislativas o en los nombramientos en cargos del Ejecutivo. Es decir, la permeabilidad entre los poderes del Estado es absoluta, sin límites, a través de los partidos de Estado.
La nación española no pinta nada en estos nombramientos ni en el control de los votados tras las elecciones. Por este motivo, ni el Congreso ni los Parlamentos autonómicos pueden ser denominados Cámaras de Representantes, porque en ningún caso los nombrados representan a la nación desde el momento en el que los españoles no pueden elegirlos directamente. Es tan obvio y disparatado a su vez, que resulta asombroso que sea admitido por la mayoría de la nación en su propio perjuicio, votando listas de partidos como si no les afectara, sin vislumbrar las injusticias que inevitablemente sufrirán.
Y todo esto ocurre porque principios como los mencionados anteriormente se marginaron en la elaboración de esa mal llamada Constitución del 78. Y es lógico que pasara, dado que la nación española no tuvo oportunidad alguna de participar en la elaboración de lo que debía ser su Constitución, sino que todo se dejó bien atado para que un grupo ínfimo de la nación, que se autootorgó una representación inexistente, elaborara ese texto para su beneficio particular y el de ciertos grupos simbióticos. El resultado fue la instauración de una partidocracia, es decir, la tiranía de una minoría de la nación española sobre el resto. Sin embargo, a pesar de proclamar que España se constituye en un Estado democrático (artículo 1), para que una forma de gobierno pueda ser denominada “democrática”, debe contar con los mecanismos apropiados para impedir que la tiranía de cualquier mayoría o minoría de la nación se imponga al resto, y esos mecanismos están ausentes en dicha Constitución.
Por otro lado, las libertades y derechos que proclama esa Carta otorgada del 78 son papel mojado si en el mismo texto no se prevén los mecanismos adecuados para que puedan ser efectivos. Y esa Carta otorgada del 78, insisto, carece de esos mecanismos esenciales. Es tan evidente esa carencia que causa vergüenza ver a tantos jueces, fiscales y demás funcionarios, incluidos catedráticos y profesores de nuestras universidades y otros centros educativos, defendiendo esa mal llamada Constitución del 78, como si debieran sus nóminas y sus carreras a los partidos políticos. ¿O sí se las deben?
¿De verdad creen que sin una justicia independiente es posible que los derechos y libertades puedan ser efectivos? ¿De verdad creen que habiendo diputados del Congreso puestos a dedo por el jefe de su partido y que, a su vez, son miembros del Gobierno (es decir, se controlan a sí mismos), pueden esperarse leyes y reglamentos justos? ¿De verdad creen que los diputados que sólo representan a su jefe de partido y no a la nación van a trabajar para beneficio de esta? De la obscenidad política sólo pueden nacer injusticias para la nación española.
Además de comprobar que la corrupción en España es sistémica (origen en el sistema partidocrático), conclusión obtenida en base a mi experiencia como investigador y denunciante de corrupción durante más de 25 años, he trabajado codo a codo con muchos políticos de todos los colores en la Administración pública durante 30 años (soy funcionario de carrera de un Cuerpo Superior), y puedo asegurar que muy pocos políticos piensan en el bien de los ciudadanos y en la justicia, salvo algunos contados con los dedos de una mano, que acabaron marginados o corrompiéndose. Al contrario, los políticos de los partidos españoles actúan exclusivamente para asegurarse poder o influencia en su partido y la ocupación de algún cargo público, haciendo lo que sea por perpetuar a su partido en el poder. No hay más, y ocurre así porque el sistema partidocrático consagrado en esa Carta otorgada del 78 lo permite sin consecuencia alguna, al no existir separación de poderes ni tener representantes y, por tanto, al no tener control alguno sobre las distintas ramas del poder del Estado por parte de la nación española.
España está abocada al fracaso por el desconocimiento e inexperiencia de la mayoría de sus ciudadanos, por sus prejuicios ideológicos que le impiden ver más allá del voto a partidos que se autoidentifican con dichas ideologías, o porque muchos españoles se han acostumbrado a vivir del Estado (incluidos los políticos y allegados), o incluso por miedo a lo desconocido, es decir, miedo al cambio de esta partidocracia por una democracia formal que nunca han conocido, miedo que alimentan los partidos interesadamente.
“La justicia siempre ha sido y será la finalidad tanto de un gobierno como de la sociedad civil. Siempre se busca la justicia, y se persigue hasta que se consiga, o hasta que uno pierde la libertad en el intento”, decía Madison. Y si el sistema político establecido en la mal llamada Constitución del 78 no tiene como fin la justicia, al carecer de los mecanismos necesarios para ello, ¿qué debe hacer cada español para que así sea?
España, ante la ausencia de los mecanismos oportunos, corre siempre el grave riesgo de derivar hacia un gobierno absolutamente tiránico impuesto por la mayoría o conjunto de minorías en perjuicio del resto de la nación española, sin posibilidad alguna de evitarlo (salvo con violencia en las calles, que debe evitarse a toda costa). Creen algunos españoles que la UE no lo permitiría, sin siquiera plantearse que un gobierno tiránico puede sacar a España de la UE y de cualquier otra institución internacional. Igual que España ha firmado numerosos tratados internacionales, ¿qué impide que mañana un gobierno tiránico deje de suscribirlos? ¿Tan difícil es entender que el futuro de España está en peligro si la nación no elimina ese riesgo con un periodo de libertad constituyente, única vía para instaurar una democracia formal que posea esos necesarios mecanismos de autoprotección?
Tras esta reflexión, cada uno pensará y hará lo que estime oportuno, pero la verdad sólo tiene un camino, y la nación española la descubrirá estrellándose si antes no consigue cambiar esta partidocracia por una democracia formal.
Luis Escribano
El Gobierno de Sánchez se ha caracterizado por su desmedido gasto público, su déficit estructural creciente, su deuda exponencial, sus impuestos asfixiantes y su intervencionismo paralizante. Todo ello, ha provocado una influencia muy negativa en la estructura económica, camuflada en el corto plazo bajo la anestesia del gasto público y de un comportamiento extraordinario del sector exterior, que ya da síntomas de haber llegado al límite superior, pero que ha empeorado mucho el carácter estructural, como digo, de la economía.
Su falta de apoyos, además, junto con la ausencia completa de coherencia de Sánchez, han originado esperpentos en distintas votaciones, como fue la vivida con la negociación y votación de la reforma fiscal, donde llegó a pactar cosas distintas con cada una de las diferentes formaciones de esa amalgama conocida como Frankenstein. A Podemos le dijo que habría impuesto a las energéticas, a Junts que no lo habría, a Bruselas que habría el paquete completo, subida del diésel incluida, pues es lo que remitió a la Comisión Europea en su plan de ajuste, para, finalmente, dejar fuera a dicho impuesto a las energéticas, no sin haber perdido antes una votación en el Congreso para tratar de convalidar un RD que sí lo incluía.
Todo ello, los impuestos demagógicos y oportunistas, la persecución a las empresas, han creado una inseguridad jurídica que hunde la inversión, la cual está ahuyentando de manera acelerada, como se puede comprobar en los datos de contabilidad nacional -sólo recuperados mínimamente tras las extraordinarias revisiones llevadas a cabo por el INE, y en los de inversión extranjera recibida.V
Siendo todo eso horrible, el colofón de daños a la economía viene por la supuesta corrupción que asola al Gobierno, ya que si lo declarado por Aldama, en su confesión auto incriminatoria, es cierto, así como los distintos sucesos de investigación policial y judicial, entonces teñiría de corrupción casi todo el gobierno, desde arriba hasta abajo, con honrosas excepciones. Y si eso es cierto y puede probarse, entonces, Sánchez y su gobierno no tienen escapatoria de quedar cercados por la corrupción. Como digo, presunción de inocencia, desde luego, pero dicho cerco de la corrupción se estrecha, cada vez más, en torno al Palacio de La Moncloa. Y la corrupción es letal para la economía. La corrupción es, por sí misma, algo deleznable, que muestra la peor cara de la condición humana, pues se aprovecha del esfuerzo y trabajo de otros. Esto es moralmente repugnante. Da igual de dónde venga la corrupción, no es cuestión de colores ni de partidos políticos: toda es lamentable, nociva y nauseabunda. La corrupción, además, perjudica, y mucho, a la economía, porque emite una señal no sólo de desaprobación, sino de inseguridad jurídica en los negocios, ya que si para lograr un determinado contrato no sirve la pugna competitiva legal, sino que va a depender de un análisis subjetivo basado en la recomendación de una persona o personas, lo único que logra es ahuyentar inversiones ante la incertidumbre de poder operar legalmente en una economía.
Hay estudios que calculan que el impacto que una corrupción que no sea generalizada, pero que se sobreentienda como necesaria para lograr ciertos trámites podría afectar a medio punto de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo. En caso de volverse creciente, esa corrupción podría llegar a frenar hasta cinco puntos de crecimiento económico, como sucede en muchos países sumidos en la más absoluta de las corrupciones.
Por eso, no es un elemento positivo el escuchar, día sí y día también, las sospechas sobre supuesta corrupción que afecta al entorno del presidente del Gobierno. Y mucho menos lo es escuchar las acusaciones directas de Aldama contra miembros del gobierno y de la estructura del PSOE, con la acusación de cobro de comisiones, entrega de sobres y petición de un encuentro y foto con Aldama, según la versión de este último, que los socialistas niegan, a lo que hay que añadir todo el entramado turbio del rescate aprobado a Air Europa y otros elementos poco claros, también. Presunción de inocencia, desde luego, pero cada vez las piezas parece que encajan más en lo que sería, de confirmarse, un escándalo mayúsculo de corrupción. Todo ello incrementa más la inseguridad jurídica, y dicha inseguridad jurídica lastra más la economía.
Pensemos que medio punto de PIB de merma económica por corrupción equivalen a unos 7.000 millones de euros de actividad económica y entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo. Si llegásemos al nivel de extrema corrupción, con frena de cinco puntos de crecimiento, esas cifras anteriores se verían multiplicadas por diez. Todo ello, requiere de una explicación, porque si no hay nada raro, qué mejor manera de esclarecerlo. Sólo así, se limitará el daño económico. Si no, el impacto negativo será claro y perjudicial para la economía. Medidas como los artificios para forzar aforamientos, levantan más dudas e inseguridad jurídica
a corrupción es, por sí misma, algo deleznable, que muestra la peor cara de la condición humana, pues se aprovecha del esfuerzo y trabajo de otros. Esto es moralmente repugnante. Da igual de dónde venga la corrupción, no es cuestión de colores ni de partidos políticos: toda es lamentable, nociva y nauseabunda.
La corrupción, además, perjudica, y mucho, a la economía, porque emite una señal no sólo de desaprobación, sino de inseguridad jurídica en los negocios, ya que si para lograr un determinado contrato no sirve la pugna competitiva legal, sino que va a depender de un análisis subjetivo basado en la recomendación de una persona o personas, lo único que logra es ahuyentar inversiones ante la incertidumbre de poder operar legalmente en una economía.
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en una sesión de control al gobierno en octubre de 2018
En ese sentido, hay estudios que calculan que el impacto que una corrupción que no sea generalizada, pero que se sobreentienda como necesaria para lograr ciertos trámites podría afectar a medio punto de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo. En caso de volverse creciente, esa corrupción podría llegar a frenar hasta cinco puntos de crecimiento económico, como sucede en muchos países sumidos en la más absoluta de las corrupciones.
Impacto de la corrupción en el crecimiento económico (en puntos de PIB)
Por eso, no ha sido un elemento positivo el escuchar, día sí y día también, las sospechas sobre supuesta corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Manteniendo toda presunción de inocencia, no resulta estético, ni tampoco ético, que la mujer del presidente del Gobierno firmase cartas de recomendación a empresas que después conseguía contratos o subvenciones públicas. Es posible que no haya relación causa-efecto, pero cuando menos estéticamente no da buena imagen, y eso perjudica también al crecimiento económico.
Pero, además, si se consigue que unas empresas desarrollen una herramienta informática para un programa de una universidad y ese programa se registra a nombre de un particular y se comercializa, tampoco parece que sea un signo positivo para la economía.
Del mismo modo, desde el punto de vista tributario, resulta chocante que el partido que más exprime a los ciudadanos a golpe de impuestos esté presidido por una persona cuyo hermano se ha trasladado a Portugal para no tributar en España. Esto es estético, y siempre se puede argumentar que uno no responde de su familia, pero cuando el sustento de ese familiar es un puesto concedido por una diputación gobernada por el partido del presidente del Gobierno, es todavía más chocante.
Como es sorprendente que la Agencia Tributaria no haya abierto una inspección para comprobar si el hermano del presidente del Gobierno reúne las condiciones para no ser residente fiscal en España, pues una cosa es que resida en Portugal más de 183 días, pero la siguiente condición no parece cumplirla, ya que el grueso de sus rendimientos proceden de España, elemento que le haría residente fiscal en nuestro país y que, de ser así, conllevaría el haber cometido una infracción tributaria. Y mucho menos ejemplar es el hecho de que la AEAT emita un informe sin firma para justificar la actitud del hermano del presidente del Gobierno.
Por otra parte, el que dicha persona cuente con un patrimonio importante para un sueldo no excesivamente elevado, es motivo de sorpresa, ya que no parece que existan argumentos que sostengan esa acumulación de patrimonio con esos ingresos. Probablemente, será un patrimonio lícito, pero nada mejor que explicarlo detalladamente para aparcar toda sombra de duda, porque las dudas sobre corrupción afectan negativamente a la economía.
Resulta chocante que el partido que más exprime a los ciudadanos a golpe de impuestos esté presidido por una persona cuyo hermano se ha trasladado a Portugal para no tributar en España
Además, el hecho de que algunas empresas de la supuesta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas con el sector público se encuentren radicadas en el mismo pueblecito portugués en el que reside el hermano del presidente del Gobierno, tampoco es algo que genere confianza. De nuevo, puede que no haya relación causa-efecto, pero son tal el cúmulo de casualidades, que el tema requiere una explicación bien fundada.
Del mismo modo, y para disipar toda sospecha, debería ser aclarado el número ingente de viajes del Falcon a República Dominicana, con detalle de quiénes iban y qué llevaban esos aviones. Seguro que no habrá nada de extraño en ello, pero si se mantiene ese secretismo se aviva la idea de que hay corrupción detrás, que vuelve a afectar muy negativamente a la economía.
Por último, la información que se desprende de un informe de la UCO, donde son señalados diversos ministerios en el entramado de las mascarillas y ayudas a diversas empresas, está convirtiendo los aledaños del presidente del Gobierno –tanto familiares como profesionales– en un lugar de ambiente poco sano. Es más, en dicho informe, se recoge que las personas que están siendo objeto de investigación o que podrían serlo próximamente –como un ex ministro y ex número dos del PSOE, la persona que tomó la palabra en el Congreso para justificar la moción de censura de Sánchez a Rajoy– hablan entre sí mediante mensajes telefónicos y se refieren a Sánchez como 'el número 1', al estilo de cualquier banda, como si se tratase de una película de James Bond en la que aparece la organización criminal 'Spectra', donde numeraban a todos sus miembros, siendo el jefe máximo el número 1.
La ciénaga que asola a los alrededores de La Moncloa es cada vez más extensa
Todo ello crea un ambiente irrespirable, donde el presidente del Gobierno debería dimitir o, al menos, convocar elecciones, porque la ciénaga que asola a los alrededores del Palacio de la Moncloa es cada vez más extensa. Las barras de oro que, según la UCO, Aldama compró a Delcy Rodríguez; el viaje a Barajas de ésta, con el consentimiento del presidente del Gobierno a una reunión con Ábalos, según se recoge en el informe de la UCO; el rescate a Air Europa, celebrado por Aldama según el mencionado informe, donde llega a decir que estará el número 1 y que la cosa está hecha; la financiación de la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno por quienes eran rescatados por el Consejo de Ministros presidido por su marido; todo, en fin, es desolador y hace mucho daño a la imagen de España y a su economía.
Pensemos que medio punto de PIB de merma económica por corrupción equivalen a unos 7.000 millones de euros de actividad económica y entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo.
Impacto de la corrupción en la actividad económica (miles de millones de euros) y puestos de trabajo (unidades)
Por ello, urge que el Gobierno disipe esas dudas, con argumentos claros, irrefutables, y que deje trabajar a la justicia, porque si no lo hace estará dando a entender que quiere tapar algo y que ese algo puede ser corrupción, con el negativo efecto sobre la imagen de España y sobre su impacto económico que tendría. Todo ello, requiere una explicación, porque si no hay nada raro, qué mejor manera de esclarecerlo todo. No se arregla repitiendo que es fango, como dice el presidente del Gobierno, sino con datos y explicaciones que demuestren que no hay nada malo. En manos del Gobierno está aclararlo y acabar con la sospecha. Si no lo hace, él sabrá por qué motivos no puede o no quiere hacerlo, pero, entonces, la sombra de la sospecha cobrará más fuerza. De hecho, el informe de la UCO cada vez estrecha más el cerco y es probable que el tiempo de las explicaciones haya pasado y, respetando la presunción de inocencia de todos los supuestos integrantes de este triste episodio, se cierre el capítulo convocando elecciones y ellos concentrándose en su defensa o colaboración con la Justicia como testigos. Sólo así, se limitará el daño económico a España y podrá enmendarse este oscuro sexenio, donde llegaron a encerrarnos en casa inconstitucional y, por tanto, ilegalmente y nos obligaron a llevar mucho más tiempo que al resto del mundo unas mascarillas con las que algunos parece que se enriquecían, entre otros muchos negocios turbios, mientras nos incrementaban los impuestos para repartir un dinero a algunas empresas sobre las que se duda ahora del motivo por el que se les concedió dicho rescate.
- José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la UFV
La España de la epoca de la dimisión del presidente del banco de ESP, o del responsable español del FMI, o de los casos Barcenas, casos socialistas Andalucia y un largo etc
https://casos-aislados.com/tramas.php
Y los cientos de Casos que nunca se sabrán
Pegasus Marruecos España
https://www.elespanol.com/espana/20240528/audiencia-nacional-apunta-marruecos-espionaje-pegasus-presidente-pedro-sanchez/858414309_0.html
¿ trama que sacaba petróleo de contrabando fuera de Venezuela con la intermediación de Zapatero y recibiera a cambio jugosas comisiones que les esperan en Rep. Dominicana y Marruecos ?
Leire Díez acabará siendo expulsada formalmente del PSOE para cortar daños, pero no será procesada penalmente por falta de pruebas concluyentes. Víctor de Aldama y los empresarios implicados seguirán filtrando material para presionar políticamente. La causa judicial probablemente se diluirá entre acusaciones cruzadas y se convertirá más en munición electoral que en condenas firmes. Un nuevo caso de guerra sucia sin vencedores claros, pero con reputaciones erosionadas.
Sorpresa en la comparecencia de la exmilitante del PSOE Leire Díez: irrumpe Víctor de Aldama, el supuesto comisionista de la trama Koldo, frente a los medios de comunicación: «Es una pantomima. Es una mentirosa. Se está riendo de todo el mundo»
"Que hable también del presidente del Gobierno y de Santos Cerdán (...) Es una sinvergüenza esta señora"
https://www.rtve.es/noticias/20250604/leire-diez-comparece-para-explicar-su-version-sobre-audios-uco-directo/16609682.shtml
https://blogs.elconfidencial.com/sociedad/espana-is-not-spain/2025-06-04/espana-necesita-buen-fontanero-corrupcion_4143960/
Mientras en otros paises
Dinamarca retira las pensiones vitalicias de sus políticos Recibirán los beneficios de la pensión legal, como el resto de los ciudadanos.
Casos de corrupción seguro que hay en otros países, el problema es cuando escala en mala imagen como fracaso de pais
El Gobierno español acusa falsamente a la policía de conspirar para poner una bomba en el coche del primer ministro
Spain’s government has falsely accused a police officer of plotting to place a bomb under the car of Pedro Sánchez, the prime minister.
La denuncia fue hecha por los ministros mientras la unidad de agentes investigaba las acusaciones de corrupción vertidas contra la esposa, el hermano y la antigua mano derecha de Sánchez.También se produjo tras la publicación de unas grabaciones en las que supuestamente se veía a miembros del partido socialista en el poder intentando encontrar «trapos sucios» para incriminar a la unidad policial y chantajeando a un fiscal con un vídeo sexual.
El escándalo ha llevado a Alberto Feijóo, líder conservador de la oposición, a convocar una protesta masiva el próximo fin de semana contra la supuesta corrupción y las «prácticas mafiosas» del gobierno.
The false accusation, which was made by three ministers, was based on a fake news report that claimed the officer, who was then a member of the Guardia Civil police force’s anti-corruption unit (UCO), said in a message on WhatsApp in 2021 that he wanted to plant a car bomb under Sánchez’s car, or contract a Venezuelan hitman to kill him.
The report was quickly proved to be false. But the ministers have refused to withdraw the accusations even though the state broadcaster, RTVE, has published a report admitting that it was false.
Pilar Alegría, the government spokeswoman and education minister, accused the officer of “threatening to put a bomb under the prime minister’s car”. María Jesús Montero, the deputy prime minister, pointed out that the officer, who has now left the force, worked as a security official for Madrid’s conservative regional government.
It is “intolerable”, she said, that he receives “a public salary from the people of Madrid and the Spanish people and refers to the head of the government with a death threat”. Óscar López, the digital transformation minister, accused him of “fantasising about the prime minister’s death”.
Complaining about the attacks on the police unit, Feijóo hit out at “the government of the hoax, of the lie and of the insult to the intelligence of the citizens”. He added: “They use power in the worst way, to shield themselves, to serve themselves, to abuse it and to fight those who do not agree with them”.
The chief Socialist party member allegedly orchestrating a campaign to find dirt on the police unit has been named by the Spanish media as Leire Díez and dubbed “the plumber” for her trawling in the “sewer” of Spanish politics. She has denied the allegations, claiming to have been conducting “investigative journalism”. The party has denied responsibility for her actions but took almost a week, after grassroots pressure to do so, to open an internal investigation. Emiliano García-Page, a Socialist regional government chief, has called for a criminal investigation.
Recordings allegedly show Díez asking businessmen for material with which to discredit Antonio Balas, the officer in charge of the UCO’s department of economic crime. He is responsible for the investigations into Sánchez’s wife and brother as well as cases involving the attorney-general and the prime minister’s former right-hand man, José Luis Ábalos.
David Sánchez is to stand trial for alleged crimes of misuse of public funds and influence peddling over alleged irregularities in the creation of a government job for him. Begoña Gómez, the Socialist prime minister’s wife, is under investigation for alleged corruption and influence peddling. Ábalos, a former minister, is under investigation for allegedly accepting kickbacks for contracts to buy masks and other medical supplies during the Covid pandemic. All deny the allegations.
Isambard Wilkinson is a correspondent for The Times based in Spain.
Este artículo, publicado originalmente en The Times, se reproduce al amparo de lo establecido en la legislación nacional e internacional (ver cobertura legal).
Nota informativa: The Times es un periódico publicado en el Reino Unido. Fue fundado por John Walter en 1785. Tiene implementado un «muro de pago» por lo que es necesario suscribirse para tener acceso a todos sus contenidos. Más información en su página de suscripción.
Leyenda negra: la política ensombrece la economía
“La economía española sigue fuerte”. Hubo una época, hace unos 15 años, en la que era imposible encontrar una frase parecida en los informes del BCE, del FMI, de la Comisión Europea o de la miríada de casas de análisis que preferían la broma macabra de los PIGS o aquello del “Pain in Spain”. Pero exactamente así arranca el último informe del FMI: “La economía española sigue fuerte”. La inflación acaba de cerrar mayo en el 1,9% “por debajo pero cerca del 2%”, según el mantra del BCE. El PIB cerró el año pasado por encima del 3% sin burbujas a la vista. El mercado de trabajo creó medio millón de empleos en 2024 y ninguna de las centenares de miles de catástrofes vaticinadas en los últimos tiempos termina de cumplirse. (Mi armagedón favorito es “España va camino de un paro del 35%”, según aventuró el apocalíptico en jefe de la derecha; estamos en el 11% y a la baja).
En un tiempo eterno toda profecía termina por cumplirse, pero de momento más bien sucede lo contrario: la reforma laboral ha funcionado, la subida del salario mínimo no ha causado destrozos, los ERTE son quizá la mejor innovación de la política económica en décadas y por primera vez en la historia económica reciente se ha activado un círculo virtuoso que sale de unir la siguiente línea de puntos. Hecho: la economía crea empleo neto, incluso en sectores de alto valor añadido. Hecho: crece la productividad por hora. Hecho: los saldos exteriores de la balanza comercial son positivos. Y hecho: hay cierta recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Busquen la última vez que esa constelación de hechos se redondeó como ahora.
¿Hay riesgos en el horizonte? Por supuesto que los hay. La deuda pública va a la baja pero es a todas luces excesiva: cuando llegue la próxima crisis, que llegará, España seguirá sufriendo por el flanco fiscal, por no haberse dotado de un colchón lo suficientemente mullido en tiempos de bonanza. El poder adquisitivo se recupera, pero las enormes pérdidas acumuladas en los últimos años dejan una sensación de malestar en amplias capas de la ciudadanía, que se ríen de los datos macro (piensen en los EE UU de Biden y su pleno empleo, y en la carcajada rabelaisiana que supone el vendaval de Trump). La vivienda, en parte vinculada al boom turístico, es quizá el mayor problema, con una capacidad de destrucción formidable: las empresas no invierten en determinadas zonas donde hay que pagar sueldos altos porque los precios inmobiliarios literalmente se comen la renta disponible; ese es el mayor motor de desasosiego de una generación de jóvenes que tiene la sensación de que solo llega a tiempo a las crisis. Hay desigualdad, hay un altísimo riesgo de pobreza, la tasa de paro sigue siendo socialmente insoportable.
Y, sin embargo, España está ante una oportunidad histórica para acercarse a los niveles de vida de los países punteros de Europa occidental, con una aceleración impresionante gracias a dos motores: las renovables (que proporcionan ventaja competitiva por el flanco de la energía por primera vez desde la Revolución Industrial) y el crecimiento demográfico vía migración. Eso, unido a los fondos europeos, explica buena parte del aventón de los datos macro. Explica también que la Bolsa española haya subido en torno a un 50% desde la puesta en marcha del denominado Gobierno Frankenstein. Y que los tipos de interés de la deuda española sean en estos momentos inferiores a los que paga Francia.
Pero esa es solo la primera parte de la historia. Entre los divinos ropajes de la economía se esconde siempre el coche escoba de la política. Y por el flanco político las noticias no son tan buenas.
“No existen dos Españas, sino una gobernada a veces por fanáticos”, dice un aforismo del último libro de José María Ridao, Cuadernos de Malakoff. Es ahí, en la ciénaga de la política, donde hay que buscar los agujeros negros y las debilidades de la actual posición de España: esa es la segunda parte de la historia, que convierte el azul del horizonte económico en un azuloscurocasinegro. Si un país no logra encontrar un camino hacia la renovación política e institucional, la permanencia de sus éxitos está en entredicho; y España está siempre a la búsqueda de nuevas trincheras. Se acabó el procés, que se ha ido apagando como una vela que se va comiendo la cera, y ni los indultos ni la amnistía fueron el apocalipsis, a pesar de los augures. El puzle del modelo federal sigue haciendo de España un perro verde, pero ese ya no es un riesgo existencial como lo era hace 10 años. El PSOE pactó con Sumar y tampoco se hundió el mundo a pesar de los cuatro ministros y de la vicepresidenta comunista, que como titular de Trabajo presenta una de las mejores hojas de servicios de los ministros del ramo en casi medio siglo de democracia. El 23-J dejó claro que la política moderna consiste en el noble arte de forjar coaliciones, y aquel Frankenstein “con terroristas y separatistas” tampoco ha acabado de romper nada, salvo que uno lea a un analista de la supuesta derecha liberal que acaba de vaticinar una guerra civil.
Hay un desgaste evidente y cada vez más acusado en el Ejecutivo, cercado por un puñado de casos de corrupción, entre los que por el momento solo se sostiene de veras el gravísimo relacionado con Ábalos.
Y faltan muchas, muchas explicaciones por ese lado; más aún con un presidente que llegó al poder con un discurso anticorrupción tan contundente. Falta iniciativa: el Gobierno corre detrás de una liebre mecánica, como los galgos del canódromo. Faltan unos presupuestos, también, y una votación en el Congreso sobre el cambio en la política de defensa, que multiplica las sospechas de déficit democrático: las enormes dificultades para sacar adelante votaciones en sede parlamentaria son una mala coartada cuando cambia una política de Estado salvo que el cinismo haga pensar que la realpolitik está por encima de ese concepto que es la melancólica democracia parlamentaria. Y empieza a ser urgente una crisis de Gobierno, que La Moncloa querría retrasar hasta el congreso del PP si no fuera porque la citada falta de iniciativa empieza a ser uno de esos elefantes en la habitación que compiten con los dinosaurios del cuento de Monterroso.
¿Un Gobierno con riesgo de parálisis y una oposición despiadada es todo lo que puede ofrecer la política española?
En lo alto de ese suflé hay una subida sostenida de la extrema derecha, que emponzoña el debate día tras día. Y acompañando a Vox, e influido por una ola conservadora que acerca a todo el centroderecha europeo al populismo ultra, el PP nos deleita con esa hipérbole del “democracia o mafia”. El partido de la Kitchen y de la Gürtel convocó una manifestación “contra la mafia” el mismo día que entraba en la cárcel el exsecretario de Estado de Seguridad de Rajoy y que el juez procesaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, defraudador confeso. La “desaforada oposición”, en palabras de Michael Reid, no ha dudado en dañar la reputación de la economía española en Bruselas con análisis alternativos, a menudo fuera de foco, como mecanismo para llegar al poder a toda costa.
Y aún queda la guinda. El juez Manuel Marchena sostiene que el poder político “no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones”. Traducción libre: la Justicia acusa a la Política de meter a la Democracia española en un cuarto oscuro. El flanco progresista de la carrera judicial, sin embargo, opina exactamente lo contrario: acusa a Marchena de ser una suerte de activista judicial contra el Ejecutivo y el legislativo. Le achaca haber actuado como mascarón de proa en los tribunales del aznarista “el que pueda hacer que haga”, al frente de un puñado de jueces togados que han llegado a manifestarse contra la amnistía en la puerta de los juzgados, y que se niegan a aplicar leyes, en un ejercicio de insumisión estupefaciente. La rebelión de las togas sigue ahí.
Así que sí: España ha engrasado su política económica, pero está como siempre en casi todo lo demás. Las cifras deslumbran, pero el edificio institucional está deteriorándose como una muela picada de caries. Estamos en pleno viaje político a ninguna parte y corremos el peligro de desaprovechar una oportunidad histórica. La Leyenda Negra (con su posmoderno correlato político) lo explica todo, una vez más. Siempre Ferlosio: “La nueva era, la vieja desventura”.
Claudi Pérez, Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.
Este artículo, publicado originalmente en El País, se reproduce al amparo de lo establecido en la legislación nacional e internacional (ver cobertura legal).
Partit Popular (PP)
1.Gürtel
2.Bárcenas / Caixes B
3.Kitchen
4.Púnica
5.Lezo
6.Palma Arena
7.Nóos
8.Brugal
9.Fabra (Castelló)
10.Taula (València)
11.Auditorio (Murcia)
12.Imelsa
13.Over Marketing
14.Rasputín
15.Operació Tàndem (Villarejo)
PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol) 1.ERO d’Andalusia 2.Filesa 3.Luis Roldán (Guàrdia Civil) 4.Pretoria (Catalunya) 5.Mercasevilla 6.Acuamed 7.Campeón (Galícia) 8.Caso Marea (Astúries) 9.Edu (Andalusia) 10.Cooperació (València)
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) / Junts
1.Palau de la Música
2.Cas del 3%
3.Cas ITV (Oriol Pujol)
4.Cas Pujol (família)
5.Caso Manga
Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
1.Cas Pallerols
Partit Nacionalista Basc (PNB / EAJ-PNV)
1.Cas De Miguel
Ciutadans (C’s)
– No té casos greus de corrupció institucional, però sí denúncies internes i polèmiques puntuals.
Podem / Unides Podem / Sumar
1.Cas Neurona (arxivat)
2.Investigacions internes per finançament (cap causa amb recorregut judicial seriós)
Altres / Mixtes / Municipals
1.Cas Malaya (Marbella – GIL, PSOE i independents) 2.Cas Pokemon (Galícia – PP i PSOE) 3.Cas Emarsa (València – PP) 4.Operació Enredadera (contractació irregular – diversos partits) 5.Operació Zeta (Galícia – frau en cursos de formació) 6.Cas Bitel (Balears – PP) 7.Operació Titella (finançament i corrupció – diversos ajuntaments)
«El honor es mi divisa»
Hasta tres ministros del desgobierno de Sánchez, con eco inmediato en sus medios sumisos, han atacado a la Guardia Civil, ahora no solo a la UCO y a su jefe, también a un mando que trabaja en la Comunidad de Madrid, tergiversando una supuesta afirmación suya. Era un bulo, pero en el lanzamiento de bulos nadie gana a los manitas en ese ejercicio. Son conocidos los deseos de muerte expresados contra Ayuso, algún juez, algún fiscal, los puñalitos de una ministra, la carta con balas a Zapatero, etcétera. Incluso la célebre amenaza de una ministra actual haciendo de su mano una pistola apuntando a la bancada de enfrente. Dirán que fue una distorsión óptica. Nada afecta a la izquierda; sus bulos se dan por buenos.
Hemos alcanzado el 181 aniversario de la Guardia Civil, cuya fundación fue confirmada el 13 de mayo de 1844, a partir del Decreto del 28 de marzo. Una institución cuyo creador y primer inspector general fue Francisco Javier Girón, entonces marqués de las Amarillas y luego duque de Ahumada, acaso la mejor cabeza organizadora de su tiempo, militar prestigioso de una familia con acrisolados servicios de siglos. No es muy conocido que el nombre se debe a la reina niña Isabel II que, cuando González Bravo le habló de la fuerza que se iba a constituir, la niña comentó que si eran unos guardias armados obedientes al poder civil deberían llamarse «guardias civiles».
El duque de Ahumada era un militar sin recovecos, ordenancista, riguroso, duro cuando había que serlo, comprensivo con sus hombres. Era meticuloso y dotado de extraordinaria capacidad de trabajo. Se dedicó sin horas a la formación de sus hombres en los conceptos de valor, disciplina, rígida instrucción, y entrega. El lema de la Guardia Civil figura ya en el artículo 1 de la «Cartilla» de Ahumada: «El honor es la principal divisa del guardia civil; debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás». Su larga historia convierte a la Guardia Civil en el cuerpo policial más antiguo de España. Según el Mossad, servicio de inteligencia israelí considerado internacionalmente muy eficaz, la Guardia Civil es «el mejor cuerpo policial del mundo».
Cambió el signo del Gobierno de moderado a progresista y, en 1854, el segundo inspector general de la Guardia Civil fue el general Facundo Infante. Conozco bien su historia, incluida documentación familiar. En 1817 conspiró en la abortada intentona contra Fernando VII de su íntimo amigo y compañero Juan Van Halen y Sarti, y le ayudó a fugarse de la Inquisición de Corte en 1818. Infante fue un militar íntegro que defendió a la Guardia Civil de los ataques de los progresistas, que eran los suyos.
Fue durísima la intervención de Infante en el Congreso el 30 de junio de 1855. El diputado De los Llanos pidió la desaparición de la Guardia Civil basándose en calumnias y falsedades. El diputado reconoció en su réplica que «no poseía los menores conocimientos de lo que impugnaba». Infante rebatió las soflamas de políticos importantes que pedían la disolución del Cuerpo, e incluso contestó duramente a Estanislao Figueras. Cuando recuperaron el poder los moderados, de nuevo fue nombrado Ahumada inspector general; lo fue desde 1856 a 1858. Ni entonces ni antes cambió casi nada. La Guardia Civil era de todos y de nadie. Así lo quiso su fundador.
Desde la Transición este es el primer Gobierno que tiene enfilada a la Guardia Civil precisamente porque su trabajo ejemplar afecta a los suyos. Supone una barrera responsable a la impunidad que busca Sánchez desde todas las martingalas posibles. España es el único país democrático que utiliza el adjetivo «patriótico» como descalificación. Así emplea: «medios patrióticos», «Justicia patriótica», «UCO patriótica». Otra deformación histórica padece la bandera nacional con el águila de San Juan. La tildan de «fachosa». Los ignaros la creen preconstitucional, pero fue enseña nacional hasta 1981. Carrillo y La Pasionaria, por ejemplo, fueron recibidos como diputados ante esa bandera.
La Guardia Civil ha padecido en su sangre la defensa de la legalidad. Sus casas cuarteles han sido objetivos de ETA y de otras organizaciones terroristas, con 89 atentados y 33 muertos. En su lucha contra ETA fueron asesinados 206 guardias civiles, y la misma banda, que tan bien conocen algunos de los que votan a Sánchez en el Congreso, asesinó, además, a 183 policías nacionales, 30 policías locales y 103 militares.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como policía judicial, colabora con jueces, tribunales y ministerio fiscal en la lucha contra la delincuencia organizada. Ha actuado con eficacia en relación con formaciones políticas distintas y sus investigados acabaron condenados, o no, sin que se atendiese de dónde venían. Ahora, cuando le toca a los familiares y amigos de Sánchez, se inventan lo de «UCO patriótica». Antes, no. Me preocupa que quien maneje los hilos sea quien injustamente cesó al coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su deber. ¿Cesando a tres, cuatro o media docena de guardias civiles querrán borrar la realidad? El fiscal general puso de moda borrar los teléfonos. Veremos.
No sé si la actual directora general de la Guardia Civil conocerá esta historia; acaso esté a otras cosas. He resumido a vuelapluma una mínima memoria de la Benemérita, camino ya de dos siglos de sacrificio, entrega y servicio, por encima de ideologías, más allá de lo menor. En 1986 el primer director general de la Guardia Civil no militar fue Luis Roldán, socialista. Un antecesor de Koldo en varias aficiones. Y los guardias civiles, los de hoy, como los de siempre, sirviendo a su lema: «El honor es mi divisa».
Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.
Este artículo, publicado originalmente en El Debate, se reproduce al amparo de lo establecido en la legislación nacional e internacional (ver cobertura legal).
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EspañaAspectos GeneralesCuerpos y Fuerzas de seguridad, Gobierno PSOE-Sumar
Ultimo caso del n 3 del PSOE
El informe de la UCO tiene 490 páginas. En él la Guardia Civil aporta ocho audios que implican a Santos Cerdán en el amaño de contratos: “Le voy a dar 550.000” a Ábalos.
https://t.me/fernandohvalls/606
Sacyr-Ferrovial-Acciona
Acciona, citada 200 veces en el informe de la UCO. La empresa seguirá recibiendo adjudicaciones
Las empresas que corrompen a los politicos deben realizar un informe no financiero, y si tienen valoraciones negativas deberian de dejar de tener adjudicaciones publicas
En la España que suceda a este circo, habrá que hacer auditoría exhaustiva para ver quienes se han beneficiado de estos círculos de poder absolutamente corruptos
España tiene una peor calidad institucional que la media de la OCDE y de la UE, y se sitúa entre los países donde más ha empeorado en los últimos años. Entre otros, estos índices de calidad miden la corrupción política.
https://t.co/dcNZElRoI6
Koldo involucra a Bono y Blanco en un chat con Cerdán: «Han venido a pedirme de todo»
García se queja de que el partido no le ayude después de que exdirigentes «le hayan pedido de todo de parte del presi»
José Bono. | José Ramón Hernando (Europa Press)
Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, se refirió a los exministros socialistas José Bono y José Blanco en una conversación grabada por la Guardia Civil, en la que lamenta haber sido abandonado por el partido tras años de «gestiones» realizadas en la sombra. «Pepe Bono, Pepe Blanco… han venido a pedirme de todo», afirma García durante un diálogo con Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, al que tuvo acceso la UCO en el marco de la investigación por corrupción que salpica al Ministerio de Transportes. Koldo y Ábalos, según ese informe, habrían manipulado adjudicaciones a cambio de mordidas que superan el millón de euros, que les hacía llegar el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El audio, recogido en el informe de la Unidad Central Operativa y fechado tras su salida del Gobierno, refleja el malestar de García por su situación personal —asegura vivir con dos hipotecas, sin ingresos y dependiendo de la pensión de su mujer— y por lo que considera una deslealtad por parte de los dirigentes a los que habría ayudado desde su puesto institucional. «He hecho recados a todo el mundo», insiste, remarcando su papel como facilitador en la red clientelar investigada por la Guardia Civil.
«A mí me han venido… que he ayudado, (ininteligible), a Pepe (José) Bono, a Pepe (José) Blanco, que han venido a pedirme de todo... yo te prefiero a ti, ¿o no? Venían a pedir a Jose ‘ha dicho el presi…’», destaca la trasncripción del audio.
Durante la conversación, grabada por los investigadores como parte del sumario judicial, García también menciona a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, con quien, según su relato, acabó enfrentado tras negarse esta a facilitar una adjudicación a una empresa vinculada al entorno de Ábalos. Según su versión, Pardo de Vera prometió ayudar y luego «bloqueó» la operación, lo que generó un conflicto que, en sus palabras, «destrozó la vida» del empresario afectado.
Koldo acusa a Pardo de Vera de actuar «con Pepiño Blanco» y sugiere que ambos habrían pactado una operación en su contra, llegando a insinuar que Blanco lo hizo «a cambio de una suma brutal». Las grabaciones muestran un tono cada vez más amargo por parte de García, que se presenta como una figura sacrificara dentro del engranaje político socialista.
Esta es la transcripción completa del audio:
KOLDO: (Ininteligible) todos los recados que he hecho a todo el mundo, de risa tío. Y llevo así toda la vida.
SANTOS: Yo eso no lo he criticado nunca.K: (Interrumpe) Pero la cuestión está…S: (Interrumpe) Otra cosa era…K: Y como asesor, ¿me sentía un inútil?S: No, yo no digo inútil, yo no he dicho nunca inútil.K: Vale, va, (Ininteligible), me da igual, si tuviese un motivo, y me parece perfecto. S: Ya, pero yo no he dicho inútil. No, no, no es cierto eso.K: (Interrumpe) (Ininteligible)S: Mira, es más, yo te he dicho que para hacer (Ininteligible).K: (Ininteligible)S: (Ininteligible)
K: (Ininteligible) que no quiera. Lo único que quiero (Ininteligible) es que yo… absolutamente todos… eh JOSE, ha cogido directamente de ti. A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, (ininteligible), PEPE BONO, PEPE BLANCO, que han venido a pedirme de todo (ininteligible) yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos (ininteligible). Venían a pedir a JOSE (ininteligible) “ha dicho el presi…(ininteligible)”. DoS años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla (Ininteligible) tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija de, (Ininteligible) y una mujer y vivimos de la pensión (Ininteligible) y mira el trabajo que tiene (Ininteligible).
[…] Min. 15:21
K: […] Tengo una casa que yo he hecho con mis manos, he estado trabajando como un bestia, (Ininteligible), con pico y pala (Ininteligible) haciendo agujeros. A ver si me entiendes, si es que tuviera… yo 10 millones (Ininteligible) no iba a liarme con fulanin (fonético) y no estaría (Ininteligible) aquí como un gilipollas, suplicando, llorando, y comiendo mierda, para intentar llevar unas miguitas a (Ininteligible). No quiero saber nada ya de eso. Creo, creo que, por pedir cuatro cosas puntuales, dos cosas puntuales, ahora que ya (Ininteligible) porque RICARDO MAR, ISABEL, la hija de puta que, además se lo digo.
S: (Interrumpe) ISABEL…, ¿la PARDO DE VERA?K: PARDO DE VERA, eso (Ininteligible) no tiene perdón de Dios, tío. S: ¿Que te ha hecho?
K: ¿A mí? Ja, se lo ha hecho a JOSE, a JOSE le dijo, ¿a qué quieres que ayudemos? Delante mía eh, es un crack. Dijo, bueno pues os envió a ésta, e hizo todo lo contrario, bloqueo (Ininteligible), o sea, no les dio nada, les destrozó la vida, (Ininteligible). ISABEL PARDO DE VERA, con PEPIÑO BLANCO, están haciendo la (Ininteligible) juntos (susurra) (Ininteligible)… él se hace el tonto (Ininteligible) que me diga a mí lo que tenga que decir… es cierto, a cambio él de una suma brutal ¿vale? Dicho (Ininteligible), pero yo creo que él se equivocaba, después de lo que he hecho por todo el mundo…
- https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-06-12/koldo-bono-blanco-chat-cerdan/
Elon Musk pide una enmienda que haga que todos los miembros en activo del Congreso no puedan ser reelegidos si hay un déficit superior al 3% del PIB estadounidense
https://articulosclaves.blogspot.com/2025/06/los-jovenes-estan-sufriendo-una-gran_12.html
«Porque también está el tema de Marruecos, que eso sale y aquí nadie dice nada». El audio de Koldo a Ábalos: «También está el tema de Marruecos, que aquí nadie dice nada»
Mejor será dejarlos por imposible, no sirve de nada, es esperar a otro caso, de oca a oca, silbar y silbar, y si toca saldrán- con el tú mas- o saldrán con la canción de "pondremos medidas, auditorias, controles para que no vuelva a suceder"
Cuando sean los mismos políticos quienes tengan órganos de control para expulsar a sus políticos corruptos, antes que intervenga la UCO o la justicia, los incrédulos empezaremos a creer.
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