Regeneración o degeneración democrática
Regeneración o degeneración democrática
El informe de la UCO que revelaba abundantes indicios de actividad presuntamente criminal por parte del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha desencadenado la mayor crisis política en España desde la llegada al poder de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha comparecido varias veces intentando minimizar el alcance de los casos de corrupción en su entorno. En estas intervenciones, además de presentarse como víctima de un engaño y eludir responsabilidades, Sánchez repitió su compromiso con la «regeneración democrática» y «la lucha contra la corrupción», temas recurrentes desde su moción de censura en 2018. En la rueda de prensa del 16 de junio, en Ferraz, mostraba su «orgullo» por los avances democráticos de su Gobierno y, en concreto, por haber «endurecido las leyes», «aumentado los niveles de transparencia y rendición de cuentas», y «conseguido que España mejore posiciones en el ranking internacional de percepción y lucha contra la corrupción». En redes sociales y en sede parlamentaria, Sánchez ha repetido frecuentemente que España ha mejorado en los principales rankings de democracia.
Para saber si realmente Sánchez puede vanagloriarse de estar regenerando España, analizamos aquí algunos de los indicadores internacionales de mayor fiabilidad. El primer paso es evaluar la competición electoral en España. Aunque se ha especulado sobre la fiabilidad del voto por correo, no hay ningún indicador que permita cuestionar globalmente el carácter democrático y la limpieza de las elecciones. Los últimos informes de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE muestran que los comicios tienen un carácter plural y competitivo, aunque se recomiendan medidas con el fin de aumentar la transparencia y la integridad electoral.
Además de elecciones limpias y justas, las democracias requieren contar con un saludable Estado de Derecho en el que los jueces sean independientes, los medios libres para criticar al Gobierno y la corrupción esté bajo control, entre otros muchos elementos. Desafortunadamente, en estas dimensiones de la calidad democrática se observa una trayectoria y una situación bastante alejadas de lo que publicita el Gobierno. El índice de Estado de Derecho que recoge la confianza en el respeto de la ley elaborado por el Banco Mundial muestra una caída de 0,98 en 2018 a 0,82 en 2023. Más dramática aún es la caída en el índice de efectividad de gobierno que publica este mismo organismo, donde pasamos del 0,97 en 2018 al 0,75 en 2023. Esto indica que la percepción sobre la calidad e independencia (política) en los servicios públicos y la credibilidad del Gobierno en sus compromisos públicos se desmoronan.
El prestigioso proyecto internacional de medición de calidad democrática V-Dem (Varieties of Democracy), aunque sigue considerando a España como una democracia plena, refuta que se haya producido una regeneración democrática durante el mandato de Sánchez. Según V-Dem, los ataques gubernamentales al poder judicial han aumentado muy significativamente durante los últimos años: se ha pasado de 3,57 en 2018 a 2,83 en 2024 (el valor cuatro es ausencia de ataques). Muchas decisiones gubernamentales han podido incidir en este empeoramiento. Por ejemplo, la anulación de la potestad del poder judicial de renovar las plazas judiciales en 2021, los intentos de nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin mayoría reforzada en 2023, y el de quitar al CGPJ el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores en 2024. Las propuestas para reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal, el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal; el intento de limitar la figura de la acusación popular en 2025; así como las actuaciones de los fiscales generales elegidos por Sánchez han sido también consideradas injerencias del Gobierno en el poder judicial. A ello hay que añadir los señalamientos de jueces y las acusaciones de prevaricación y lawfare vertidas públicamente coincidiendo con algunas investigaciones por corrupción. Entre los 27 países de la Unión Europea (UE), sólo en Bulgaria, Eslovaquia, Italia, Malta, Hungría y Rumanía tales ataques son más frecuentes.
La puntuación en el índice de V-Dem sobre respeto por parte del Ejecutivo a la Constitución también baja de 3,7 en 2018 a 3 en 2024. La Ley de Amnistía para los delitos del procés ha sido cuestionada por la Comisión de Venecia y por la Comisión Europea, así como por múltiples asociaciones jurídicas, por posibles vulneraciones al principio de igualdad ante la ley, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Ciertos nombramientos en el CGPJ y el Tribunal Constitucional (TC) han sido considerados por muchos analistas como intentos de politizar el poder judicial y acabar con su independencia. El abuso de real decreto-ley para legislar evadiendo debates parlamentarios también ha sido una característica de este periodo, al igual que el incumplimiento de la obligación de presentar Presupuestos anuales.
Asimismo, han empeorado los indicadores de V-Dem sobre libertad de expresión, de 0,92 en 2018 a 0,89 en 2024 (siendo 1 la máxima libertad de expresión); y sobre censura a los medios de comunicación, de 3,5 a 3 (siendo 4 la ausencia total de censura). Miembros del Gobierno y de los partidos que lo componen han criticado y señalado a periodistas y medios de comunicación, vetando incluso su participación en ruedas de prensa. Además, se han desarrollado diferentes iniciativas legislativas con el fin de controlar la financiación y el gobierno de los medios. El reparto de publicidad institucional se ha visto como una herramienta para comprar lealtades y acallar críticas. Muy controvertida también ha sido la ampliación y selección de miembros con perfil político en el Consejo de Administración de RTVE, criticada por Reporteros sin Fronteras por no ajustarse al derecho europeo. Sindicatos de periodistas han denunciado presiones editoriales y falta de pluralismo en el ente público.
Los índices de corrupción política, corrupción del Ejecutivo y clientelismo de V-Dem muestran unos incrementos del 178%, 540% y 80%, respectivamente, entre 2018 y 2024. Esto concuerda también con los resultados del índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, que da a España su peor puntuación (56 puntos) desde 2001, situándonos en el puesto 46 de 180 países, con una caída de 10 puestos en 2024. Las investigaciones policiales y periodísticas han destapado la existencia de una red de adjudicaciones de obras y de colocaciones irregulares en la administración y las empresas públicas que apunta a una corrupción sistémica desde hace años.
Los indultos a los líderes independentistas y las rebajas de penas a la malversación, así como la creciente falta de transparencia gubernamental (como en el caso de las cesiones acordadas con los socios nacionalistas), contribuyen a la sensación de falta de rendición de cuentas e indefensión ciudadana. España ha conseguido también una muy mala valoración en el índice de acceso a la información (73 puntos sobre 150 posibles), pasando del puesto 86 en 2018 al puesto 96 (de 140) en 2024, y en el índice internacional de transparencia presupuestaria, en el que obtiene un suspenso y se sitúa detrás de la mayoría de países de la OCDE. V-Dem ha rebajado la nota de España como democracia liberal (de 0,78 en 2018 a 0,75 en 2024) situándola en su último informe entre los 20 países en peligro de autocratizarse. Si a ello añadimos unos niveles de polarización política nunca vistos desde finales de la Transición, con un aumento entre 2018 y 2024 del 36%, no debe extrañarnos que muchos expertos empiecen a hacer sonar señales de alarma.
En definitiva, es evidente que las promesas de Sánchez de acabar con la corrupción y aumentar la calidad democrática con las que ganó la moción de censura no se han cumplido. Parece que estamos ante un ejercicio de doble lenguaje orwelliano en el que se nos presenta repetidamente como éxitos precisamente aquellas áreas en las que el Gobierno ha fracasado. Si nos atenemos a la mayoría de los índices internacionales de calidad democrática, España no ha experimentado un periodo de regeneración, sino más bien de degeneración democrática.
Fernando Casal Bértoa es profesor en Política Comparada de la Universidad de Nottingham y doctor por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, y José Javier Olivas Osuna es profesor en Ciencia Política de la UNED y doctor por The London School of Economics and Political Science.
Este artículo, publicado originalmente en El Mundo, se reproduce al amparo de lo establecido en la legislación nacional e internacional (ver cobertura legal).
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